Transparencia: El siguiente artículo ha sido desarrollado por investigadoras/es del Instituto Milenio de Investigación en Depresión y Personalidad (MIDAP). Sus autore/as estiman necesario transparentar que no trabajan, ofrecen consultoría, comparten ni reciben financiamiento de ninguna compañía u organización que pudiera beneficiarse con lo que se expone. Tampoco tienen militancia política ni afiliación relevante más allá de su condición de académico/a o investigador/a.

Los trastornos mentales en Chile arrojan cifras alarmantes. Diversos estudios muestran altas estadísticas al respecto entre la población, con la ansiedad y depresión como las de mayor índice, así como cifras considerables para consumo de alcohol y drogas. Estudios nacionales entre niños y adolescentes (2017) señalan una prevalencia de trastornos mentales del 38% (cuatro de cada diez).

La violencia intrafamiliar ha sido considerada una de las principales fuentes de trastornos mentales, y de acuerdo a cifras entregadas por UNICEF, un 71% de los niños, niñas y adolescentes (NNA) chilenos recibe algún tipo de violencia ejercida por alguno de sus cuidadores primarios. La evidencia muestra que los NNA que experimentan o son testigos de violencia, malos tratos o negligencia tienen dificultades para lograr los hitos del desarrollo esperados según su edad, así como un mayor riesgo de presentar trastornos conductuales, estrés postraumático, ansiedad y depresión. Lo anterior a partir del impacto negativo de la adversidad y el trauma en la capacidad de regulación emocional, en las relaciones interpersonales, la memoria y la tolerancia al estrés.

Se espera que producto de la pandemia y sus cuarentenas estos números aumenten. Así lo ha mostrado el «Termómetro de la Salud Mental en Chile», realizado por UC y ACHS en abril de este año. Éste indica que un 23,6% de los chilenos presenta sospechas o problemas de salud mental, y que el 45,9% evalúa que su estado de ánimo es peor o mucho peor que antes de la pandemia. Un artículo publicado en octubre en la prestigiosa revista Lancet estima que los trastornos depresivos han aumentado un 27,6%; y los de ansiedad, un 25,6%. Se realizó a partir del análisis de bases de datos de 204 países —incluidos los latinoamericanos—, comparando la prevalencia de éstos previo a la pandemia y lo que se espera posterior a esta, lo cual evidencia aún más la necesidad de hacerse cargo de quienes engrosan este segmento de la población.

Se trata, sin embargo, de antecedentes  que parecen quedar fuera del debate público, apenas mencionados en medios de comunicación y abordados  hasta ahora solo por algunos candidatos presidenciales en sus campañas. Se minimiza así la urgencia de la atención social en temas de salud mental y su relación con el bienestar global y con todas las áreas de desarrollo.

Pese a las cifras alarmantes arriba compartidas, Chile continúa presentando un significativo déficit en su financiamiento de salud mental si se le compara con el promedio mundial. El presupuesto fiscal destinado a la salud mental apenas supera el 2% del total del presupuesto en Salud, cifra que está muy por debajo del 5% que se propuso como meta en el Plan Nacional de Salud Mental y Psiquiatría de los períodos 2000-2010 y 2015-2025 [1] [2], cifra de acuerdo al promedio mundial [3]. A su vez, la cobertura de atención en salud mental en Chile alcanza aproximadamente a no más de un 20% de la población, mientras que en países de medianos ingresos la cobertura llega a un 50%. [4]

Son recursos insuficientes para alcanzar los objetivos trazados en materia de promoción, prevención y tratamiento de los trastornos mentales en Chile [5][6]. El escenario actual sobrecarga considerablemente al personal encargado de salud mental e impacta negativamente en las condiciones en que se entregan los servicios existentes. En relación al tratamiento de las 85 patologías de salud que actualmente cubre el plan AUGE/GES, sólo cinco (5,9%) corresponden a patologías neuropsiquiátricas: depresión, esquizofrenia, consumo de sustancias, Trastorno Afectivo Bipolar y demencias.

Por otro lado, existe actualmente una brecha de 921 cargos de médicos psiquiatras adulto e infanto-adolescente para atención ambulatoria; y de 421 para psicólogos(as), trabajadores(as) sociales, terapeutas ocupacionales, y enfermeros(as) [7]. Se observa asimismo un déficit en la cantidad de Centros de Salud Mental Comunitarios, Centros de Apoyo Comunitario para Personas con Demencia, Hospitales de Día, Unidades de Cuidado y Rehabilitación Intensiva, y Hogares y Residencias Protegidas. De hecho, en Chile se requieren en total 1.209 de estos dispositivos de atención, pero la oferta es de 377 para todo el país. Incluso cuando se consideran las camas de hospitalización psiquiátrica, se calcula la necesidad de 2.226 camas, cuando actualmente se cuenta sólo con 1.433 [7].

Contar con presupuesto, infraestructura y personal necesarios para tratamientos eficaces es un imperativo de protección social. Las enfermedades mentales empeoran la calidad de vida, aumentan el riesgo de enfermedades físicas y significan un costo económico y social tanto para las personas como para el país.

En cuanto al costo económico, las cifras internacionales muestran que la depresión tiene un mayor gasto en el costo total de manejo de la enfermedad que el cáncer [8]. A diferencia de otras condiciones médicas, los costos indirectos asociados a las enfermedades de salud mental y abuso de sustancias igualan o exceden los costos directos del tratamiento [9]. Estos costos indirectos incluyen el gasto gubernamental en vivienda, bienestar, educación y justicia, además de aquellos vinculados a la pérdida de productividad de las personas [10][11]. Así, las condiciones neuropsiquiátricas —tales como trastornos depresivos unipolares y bipolares, esquizofrenia, dependencia y consumo de alcohol y drogas ilícitas, trastornos ansiosos, epilepsia, demencias, Parkinson, migraña, parálisis cerebral infantil y síndrome de déficit atencional del niño— son el subgrupo de enfermedades que en Chile implica más años de vida saludables perdidos por discapacidad (AVISA), abarcando el 23,2% de los AVISA perdidos en nuestro país [12].

Economistas de la salud plantean que las inversiones de capital no dirigidas a NNA pueden ser entendidas como un «desvío de los recursos» desde el punto de vista de la eficiencia [13]. En este sentido, la intervención temprana en salud mental favorece el abordaje temprano de la sintomatología con mejores resultados que los obtenidos en la adultez. Complementariamente, el reporte de Políticas Públicas para la primera infancia desarrollado por la Universidad de Harvard, señala que las intervenciones dirigidas a niños/as expuestos a experiencias adversas en contextos de mayor vulnerabilidad es uno de los factores clave para el éxito de los programas focalizados en la infancia y la reducción del gasto en salud [14].

En Chile los trastornos mentales y del comportamiento se posicionan desde el año 2008 en el primer puesto de licencias otorgadas. Tienen el primer y segundo lugar en gasto por licencias médicas [ver informes Superintendencia de Salud 2013; y Superintendencia de Seguridad Social 2019 y 2020]. Producto de la pandemia-COVID se ha observado que en 2020 hubo un aumento de licencias médicas por trastornos mentales del 28,7%, mientras que el gasto en subsidio por incapacidad laboral por trastornos mentales subió un 24.9% [ver más].

Los costos sociales vinculados a las enfermedades de salud mental también son altos. Sufrir de un trastorno mental implica pérdida de productividad y el pago de un tratamiento a largo plazo. Al mismo tiempo, vivir en situación de pobreza contribuye a la aparición y mantención de los trastornos mentales, lo que genera un círculo vicioso. La OMS considera que la falta de una inversión adecuada en salud mental perpetúa el círculo de la pobreza y detiene el desarrollo [15]. Se debe considerar además la discriminación que sufren las personas que padecen trastornos, siendo la más evidente las diferencias en el acceso a tratamiento entre las enfermedades físicas y mentales. Éstas últimas han tenido históricamente una menor cobertura del gasto, tanto por financiadores públicos como privados.

El bajo porcentaje del presupuesto total de salud que es destinado a salud mental y las brechas existentes son contradictorias con lo que la evidencia muestra acerca de la efectividad de los tratamientos. Cada vez más la evidencia indica que existen intervenciones para los trastornos mentales, tales como la esquizofrenia o la depresión, que son eficaces, asequibles y rentables económicamente. Se ha visto que el tratamiento adecuado de las patologías psiquiátricas mejora la salud general de las personas, disminuye los días de trabajo perdidos y la incapacidad laboral. También se ha demostrado que las inversiones dirigidas a promover, prevenir, detectar y tratar tempranamente las enfermedades mentales pueden ser rentables y eficaces, produciendo retornos de la inversión inicial a mediano plazo, autofinanciamiento y disminución de los costos tanto en salud como en otras áreas (por ejemplo, criminalidad), la mayoría en un plazo menor a cinco años. [16] [17]

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A partir de la información presentada, y recogiendo la intención de dar a la salud mental una atención digna y similar a la atención en salud física declarada en la Estrategia Nacional de Salud (2011-2020), es posible identificar medidas que permitirían acercarnos al cumplimiento de este objetivo. Si bien sabemos que la prevención incluye acciones sociopolíticas globales relacionadas a aspectos tales como desigualdad socioeconómica y de género, calidad de vida, educación y condiciones laborales, resulta relevante reflexionar sobre las medidas necesarias para generar condiciones dignas de atención que favorezcan el desarrollo de las personas y del país.

En primer lugar, seguir el ejemplo de países como Inglaterra y Australia, que han posicionado la temática de salud mental como una prioridad en sus políticas públicas, con repercusiones positivas en todas las áreas de desarrollo.  Para estos cambios resulta fundamental contar con los fondos necesarios, por lo que se requiere destinar un mayor porcentaje del presupuesto público a salud mental, logrando así alcanzar al menos el 5% propuesto hace más de una década para el 2010 y que se acerca al 5,1% destinado por los países de altos ingresos. En este escenario, se podría plantear una meta del 10% al 2030, la cual estaría más ajustada al gasto económico que significan las enfermedades mentales para el país.

Debe continuar asimismo el aumento del número de patologías cubiertas por el plan AUGE/GES, priorizando las patologías mentales y las atenciones en salud mental infanto-juvenil. La salud mental durante la infancia es un componente clave para garantizar la protección, el bienestar y la calidad de vida de NNA, y además actúa  como un factor protector de la salud mental en la adultez. Por último, en momentos en que palabras como «inclusión» pueblan el debate público, no debe olvidarse la promoción de leyes que permitan disminuir la discriminación que hoy siguen sufriendo los chilenos y chilenas que a diario conviven con trastornos mentales.

NOTAS Y REFERENCIAS