Fueron Informes de psicólogos que avalaron el testimonio de Gema Bueno ante los tribunales.
Su derrumbe arrastró a las instituciones afectadas y sacó a la luz las debilidades de nuestro sistema.
¿Cómo evitar que un inocente sea castigado por un testimonio falso? ¿cómo lograr que los delitos no queden impunes? El caso de las hermanas Ángela y María José Prieto trae de vuelta uno de los temas prioritarios de la reforma procesal chilena.
"La examinada logra evocar una serie de situaciones de alto contenido traumático, que fueron aconteciendo en las dependencias del inmueble que arrendaba el señor Spiniak", escribió la sicóloga del Servicio Nacional de Menores (Sename), Patricia Vera, en su informe psicológico sobre Gema Bueno, la llamada "testigo clave" del caso que remeció al país.
El día en que se retractó de sus declaraciones, Gema Bueno aprovechó de aconsejarles a los psicólogos que la evaluaron que se prepararan mejor.
No necesitaba burlarse.
El giro que tomó el caso bastó para poner en duda la idoneidad de quienes realizaron las pericias y del sistema utilizado.
Los dardos apuntaron, principalmente, a las profesionales del Sename que trabajaron con Gema, quienes sufrieron cambios en sus cargos y un sumario administrativo que todavía no tiene resolución.
Es la manera en que la institución intenta, además, limpiar su imagen dañada por el escándalo.
El caso de Gema Bueno demuestra que los exámenes psicológicos a las víctimas de delitos sexuales no son infalibles.
El problema es que las declaraciones de los agredidos muchas veces constituyen el único medio de prueba, cuando no existen huellas físicas en el cuerpo de la víctima.
De hecho, en algunos casos, el testimonio ha permitido condenar al agresor.
¿Cómo estar seguros, entonces, de que lo que dicen las víctimas es cierto? Y, por otra parte, ¿cómo evitar que un exceso de escepticismo termine por negarle justicia a un inocente?
La pregunta se repite en estos días en que se ha hecho pública la denuncia de las hermanas María José (actriz) y Ángela Prieto (modelo) contra su ex padrastro, José Ramírez Zepeda, por reiterados abusos sexuales cuando eran niñas.
Al parecer se habrían decidido a hablar porque hay menores, cercanas a ellas, que también habrían sido abusadas.
Ramírez Zepeda está detenido.
En el proceso, que recién comienza, serán vitales los testimonios de las víctimas.
La "evaluación de credibilidad y validez del testimonio" se basa en una entrevista en que el afectado relata lo vivido a un psicólogo.
La idea es corroborar qué tan creíble es el testimonio, no la persona.
Puede que alguien se caracterice por mentir, pero que realmente haya sido abusado y su testimonio sea verdadero.
Como puede ocurrir que la víctima no tenga los suficientes detalles de lo vivido, por lo cual su testimonio no sea creíble, o que sí lo sea para los profesionales que lo realizaron, pero que el juez no lo considere un medio de prueba suficiente para condenar al presunto abusador.
Eso le ocurrió a Jacqueline Urbina, dueña de casa, quien denunció un delito sexual contra su hija, pero que no tiene las pruebas físicas para verificarlo.
"Ella me contó que la violaban un vecino nuestro y su hijo mayor", dice, entristecida.
Aunque el hecho ocurrió hace ya tres años, aún se llena de rabia cuando recuerda los acontecimientos que marcarán la vida de su hija para siempre."Ha sido una verdadera pesadilla la que hemos tenido que vivir.
En 2002 llevé a mi niña en ese entonces de tres años de edad a un control con el pediatra.
Luego de revisarla, él me preguntó con quién compartía en el día.
Yo le expliqué que yo trabajaba y mi marido también, fuera de Santiago, y que ella se quedaba con una familia de vecinos.
Entonces el médico me explicó que había encontrado semen en su cuerpo.
Casi me desmayé ahí mismo.
Todo se me vino abajo".
La niña fue sometida a un tratamiento en
"El padre de la casa (marido de la mujer que cuidaba a su hija) la llevaba a un dormitorio.
Cerraba la puerta y encendía la televisión con el máximo de volumen, para que mi otro niño (que hoy tiene 10 años) no escuchara los gritos", explica Jacqueline.
El informe, a pesar de haber otorgado credibilidad al testimonio de la niña, fue considerado insuficiente para corroborar el posible delito.
El caso actualmente está archivado por falta de pruebas.
El vecino y su hijo siguen viviendo en el mismo lugar, pero Jacqueline y su familia se fueron de ese barrio, y hoy ella no trabaja, para estar con sus hijos.
Ha intentado reabrir el caso, ha golpeado puertas, pero hasta ahora nadie más parece preocupado por la situación.
Jacqueline no sabe por qué el juez desestimó el testimonio de su hija.
Nadie le explicó sus razones.
LAS FALLAS DEL SISTEMA
Las instituciones que reciben más solicitudes de este tipo de peritajes por parte de la justicia son el Centro de Atención a Víctimas de Atentados Sexuales (CAVAS), de
Ambos cuentan con profesionales capacitados en el extranjero y con años de experiencia en el tema.
El instrumento psicológico común con el que trabajan es el Análisis de Contenido Basado en Criterios (CBCA), herramienta diseñada en los ochenta en Alemania, también llamada la pauta de Seller y Koehnken.
Con el CBCA se analiza el relato a través de 19 criterios que permiten discriminar lo real de lo inventado.
Por ejemplo, detalles como que una niña de cuatro años tenga un completo conocimiento de su aparato reproductor, podrían hacer pensar en una posible inducción por parte de un adulto.
El CAVAS, además de diagnosticar a la víctima y de evaluar su relato, trabaja con información criminalística, como alguna evidencia que sirva para corroborar o desestimar el testimonio del niño.
En la evaluación intervienen psicólogos, sociólogos y abogados.
En el SML hacen una evaluación conjunta psiquiatras y psicólogos.
Con un primer diagnóstico clínico determinan si es posible realizar un informe de credibilidad.
Entonces utilizan el CBCA.
Por ejemplo, el informe realizado al menor de 13 años J.J.G.C., en el marco del caso Lavandero, dice: "La narración espontánea es analizada por la pauta de Seller y Koehnken, según el relato cuenta con suficientes criterios para otorgar credibilidad a sus dichos".
Como el CAVAS sólo está presente en Santiago y Valparaíso, y el SML no cuenta con personal para cumplir las pericias en todo el país, hace tres años comenzó a intervenir un tercer actor en las evaluaciones de credibilidad: el Sename, debido a que tiene psicólogos trabajando en sus centros en todas las regiones.
El problema es que no cuenta con un modelo único para realizar pericias.
Esto se explica, en parte, porque la entidad trabaja con centros independientes.
Pero la razón principal es que estos organismos no estaban originalmente destinados a hacer evaluaciones de credibilidad.
Fueron la práctica y la necesidad las que los llevaron por ese camino.
Porque cuando un menor denuncia un abuso ante la justicia, se le hace una evaluación diagnóstica, la que puede ser realizada en un Centro de Tránsito y Distribución (CTD) avalado por el Sename.
Según el resultado, se lo deriva a un organismo de reparación y tratamiento de la misma entidad.
Pero la falta de profesionales calificados que atendieran las solicitudes de evaluaciones de credibilidad de los tribunales, obligó al Sename a realizar también este tipo de informes.
Esto significa que profesionales que saben de abusos sexuales pero no de criminalística ni de leyes están realizando pericias para los tribunales.
Y surgen los malos entendidos entre psicólogos y jueces.
La forma en que la justicia solicita estos exámenes ya plantea un primer problema.
Para el doctor Enrique Sepúlveda, médico jefe del área de salud mental del SML, existe un desconocimiento de qué son los peritajes y para qué sirven, por lo que en ocasiones solicitan evaluaciones que no se debieran hacer.
A su juicio, los jueces y la opinión pública suelen esperar que con el examen se logre extraer la verdad.
Pero él explica que el "test de veracidad" no existe, ya que lo que se logra a través de las evaluaciones es saber qué tan creíble es el testimonio, no si es verdadero.
Ante la sobrepoblación de solicitudes de pericias, el Ministerio Público dictó un instructivo para que los jueces sepan en qué situaciones se deben pedir peritajes, para así no colapsar el sistema.
No cualquier psicólogo está capacitado para realizar un informe pericial, como sí lo está para hacer una evaluación diagnóstica, explica la directora de
Las conclusiones de ambos informes son distintas.
De hecho, según
Un tercer problema es que no todos los psicólogos pueden acceder a la información relevante para realizar la pericia con propiedad y poder usar el sistema CBCA, como le ocurre a algunos centros privados que funcionan con el Sename.
"Hay antecedentes a los que nosotros todavía no tenemos acceso.
Por ejemplo, los expedientes de los tribunales del crimen, los que nos darían información para ir contrarrestando y hacer una pericia ciento por ciento", explica la psicóloga Cecilia Palma, del centro de diagnóstico de Lo Espejo, perteneciente a
La premisa de que los niños no mienten también hace caer en error.
Los menores pueden falsear los hechos.
El psiquiatra Enrique Sepúlveda sostiene que muchas veces llegan niñas con relatos creíbles en los cuales denuncian al papá por un delito sexual, pero en verdad sólo lo hacen por venganza u obligadas por la madre.
De ahí la importancia de tener en cuenta la influencia del adulto en el relato del menor.
Otro punto conflictivo es cuando el mismo psicólogo que realiza el tratamiento de reparación al menor efectúa el examen.
Esto fue lo que sucedió en la causa por abusos sexuales de la hija de la fundadora de
Él fue dejado en libertad bajo fianza en agosto de 2002 el caso aún no tiene sentencia final, luego de estar un año y medio detenido.
Uno de los antecedentes que la defensa utilizó para lograr su salida fue que la profesional del SML que realizó la evaluación de credibilidad, en la cual la menor acusaba a Delgado, era también su terapeuta particular.
Esto adquiere mayor importancia en
FALTAN ESPECIALISTAS
En enero del año pasado un informe de
Y la situación no ha cambiado.
El CAVAS está en una situación crítica.
Con los cuatro peritos que tiene para cubrir la demanda de
Para el resto de las víctimas la recepción está limitada.
Christian Anker, psicólogo de
El fiscal nacional, Guillermo Piedrabuena, envió una carta al presidente del Senado para dar cuenta de la precariedad de las instituciones de la red pública y pedir que no se cierre el CAVAS de
Por otro lado, el SML, aunque aumentó su personal el año pasado, todavía no da abasto.
Las instituciones especializadas aseguran que enfrentan una demanda inabordable y creciente, que de seguro aumentará aún más con el cambio del sistema judicial, como ha ocurrido en las regiones donde se ha implementado.
Para paliar la crisis de falta de personal el Ministerio Público optó por generar una red privada de profesionales para cuando la red pública colapse, cuando se requiera de una segunda opinión, en casos apremiantes o de conmoción pública.
Desde el año pasado se llama a concurso a los psicólogos, algunos de los cuales ya trabajan en regiones.
Además,
El 16 de junio llega
En el Ministerio Público dicen que harán todo lo posible para no colapsar.
Porque las actuales falencias en los peritajes perjudican, finalmente, a las víctimas.
Es lo que lamenta la secretaria Alejandra Domínguez.
"Yo notaba que la vagina de mi hija en ese entonces de tres años de edad estaba enrojecida.
Cuando le comentaba a la pediatra acerca de esto, ella creía que se debía al hecho de que se orinaba en su ropa interior.
Hasta que un día mi hija me confesó que el marido de la nana le decía que le tocara su pene.
Yo la llevé al CAVAS, donde después de una terapia psicológica, ella reconoció que había sido abusada".
Alejandra hizo la denuncia en un tribunal santiaguino, que le solicitó un examen psicológico del SML.
Hizo el trámite en octubre de 2002, pero recién en diciembre del año siguiente un profesional de ese servicio llevó a cabo la pericia.
El informe llegó a tribunales en abril del año pasado.
Indignada, esta madre asegura: "Si hubiera sabido cuánto iba a durar el proceso, ya habría hecho justicia por mis propias manos".
Y es que no sólo ha sufrido la menor, quien continúa en tratamiento en el centro de
El agresor, mientras tanto, sigue libre.